En el ámbito empresarial, la corrupción sigue siendo una preocupación global que afecta la integridad, la confianza y la estabilidad de las organizaciones. Sin embargo, de acuerdo con un estudio de la firma de consultoría BDO en Colombia, 81% de las empresas ignora el impacto que genera el fraude y solo 44% cree estar adecuadamente preparado para combatir este delito.
Al respecto, Luis Enrique Sánchez, socio líder de Risk Advisory Services de BDO en Colombia, destaca la importancia de priorizar la prevención sobre la corrección para que las empresas mitiguen riesgos frente a este problema latente. “Es clave que las organizaciones difundan y promuevan los mecanismos de denuncia. Es muy importante contar con controles sólidos que permitan combatir la corrupción y hechos en contra de la ética empresarial. Además, de manera permanente, hay que ejecutar monitoreo sobre el cumplimiento de los controles, pues eso conlleva a contar con evidencias que permitan verificar cómo están siendo ejecutadas las actividades y realizar inspección en los procesos”, asegura.
Así mismo, indica que en el país, las empresas cuentan con herramientas para evitar prácticas corruptas, lo que permite que se sigan procedimientos para cumplir con las normativas y evitar consecuencias que afecten la operatividad de las mismas. “En Colombia el Estatuto Anticorrupción determinó un marco para el establecimiento de algunas pautas para el desarrollo de las operaciones de empresas y también de las organizaciones gubernamentales, en donde se han emitido circulares y normas sobre los mínimos exigidos en la materia para empresas que, de acuerdo a su sector de pertenencia, deben cumplir con ciertas regulaciones y reportes. Ahora bien, al ser normas de obligatorio cumplimiento tienen acciones sancionatorias en caso de no ser atendidas”, apunta.
Luis Enrique Sánchez reafirma que estas normas, de obligatorio cumplimiento, se han convertido progresivamente en modelos exigidos en el entorno empresarial. “En aras de mejorar la ética empresarial se convierten en estándares que cada vez son mayormente exigidos y el no tenerlos en ocasiones podrían dejarte fuera de algunos procesos competitivos”, señala Sánchez.
En cuanto a las sanciones que pueden recibir los negocios en el contexto de fraude corporativo, el experto señala que la ley predominante que penaliza la corrupción empresarial es el Estatuto Anticorrupción, Ley 1474, actualizada por última vez en 2022, por medio del cual, en caso de incumplimiento, se establecen responsabilidades y sanciones.
“Se destaca también que las Superintendencias, de manera diligente, han emitido normatividades aplicadas para cada sector, pidiendo la generación de reportes ante entes de control y vigilancia, teniendo como punto en común la obligatoriedad de involucramiento de los órganos de gobierno en la aprobación de políticas de cero tolerancia, las responsabilidades y sanciones en caso de incumplimiento”, asegura.
Por último, Luis Enrique Sánchez, socio líder de Risk Advisory Services, de BDO en Colombia afirma que el combate contra la corrupción y la promoción de la ética organizacional no solo se limitan a un marco legal. “Es un proceso de transformación social que requiere evaluación continua para fortalecer las buenas prácticas y los mecanismos de gobierno empresarial”, concluye.
