El cierre del primer semestre llega con una agenda laboral clave para las empresas en Colombia. Además del pago de la prima de servicios, que debe realizarse a más tardar el 30 de junio, las compañías deben revisar los ajustes derivados de la reforma laboral y prepararse para la reducción definitiva de la jornada máxima ordinaria a 42 horas semanales a partir del 15 de julio.
Este año, el pago de la prima no debe analizarse como un proceso recurrente de nómina, sino como un punto de control para validar si las organizaciones están liquidando correctamente sus obligaciones laborales bajo el nuevo marco normativo. Uno de los principales cambios está relacionado con los aprendices vinculados mediante contrato de aprendizaje, quienes, durante la fase práctica o en formación dual, tienen derecho al reconocimiento y pago de prestaciones sociales, auxilios y demás derechos propios del contrato laboral.
La Ley 2466 de 2025 modificó la naturaleza del contrato de aprendizaje, estableciéndolo como un contrato laboral especial y a término fijo. En ese sentido, las empresas deben identificar qué aprendices se encuentran en etapa práctica o formación dual, revisar las fechas efectivas de cada fase y asegurar que los sistemas de nómina contemplen estas obligaciones en el cierre del semestre.
“Este cierre laboral exige una revisión más rigurosa de la nómina. Las compañías no solo deben verificar si pagarán la prima dentro del plazo legal, sino que también deben considerar lo siguiente: (i) si la están liquidando sobre la población correcta, con la base adecuada y conforme a las nuevas reglas aplicables a los aprendices en etapa práctica o en formación dual; y (ii) si están incluyendo dentro de dicha base los conceptos correctos, es decir, todos los factores salariales (como los recargos dominicales, festivos y nocturnos), así como el auxilio de transporte”, señaló Maria Camila Ortiz, Gerente de KPMG Colombia.
De acuerdo con la firma, el impacto no debe medirse únicamente por el valor individual de cada pago, sino por el efecto agregado que puede tener en empresas con cuotas reguladas de aprendizaje, programas amplios de formación, operaciones intensivas en talento joven o estructuras de nómina con alto volumen de trabajadores y aprendices. En estos casos, una parametrización incorrecta puede generar diferencias acumuladas, inconsistencias contables y contingencias laborales.
En 2026, el salario mínimo legal mensual vigente es de $1.750.905. Bajo esta referencia, las compañías deberán revisar sus provisiones laborales y considerar que, cuando se trate de aprendices en fase práctica tradicional, el apoyo de sostenimiento equivale al 100% de un salario mínimo legal mensual vigente. Si el aprendiz estuvo vinculado durante todo el semestre en una fase que genera prestaciones sociales, la prima deberá calcularse conforme al tiempo efectivamente contabilizable y a la base aplicable en cada caso.
A este frente se suma la reducción de la jornada laboral. A partir del 15 de julio, la jornada máxima ordinaria llegará a 42 horas semanales, como parte de la implementación gradual establecida en la Ley 2101 de 2021. Esta disminución no implica reducción de salario, prestaciones ni derechos adquiridos, pero sí obliga a las empresas a revisar turnos, horarios, cargas operativas, horas extra, recargos, productividad y costos laborales.
Para KPMG, la convergencia de estos cambios convierte el cierre de junio en una prueba de adaptación para las organizaciones. La prima de servicios, la inclusión de aprendices en fase práctica o formación dual y la reducción de jornada no son asuntos aislados: todos impactan la forma en que las empresas administran su nómina, proyectan sus costos laborales y documentan su cumplimiento.
“Las empresas que aborden estos ajustes únicamente como tareas operativas pueden quedar expuestas a errores de liquidación, pagos incompletos o reprocesos internos. En cambio, quienes los integren a una gestión laboral preventiva podrán anticipar contingencias, mejorar la trazabilidad de sus decisiones y proteger la estabilidad financiera y reputacional de la organización”, señaló Maria Camila Ortiz, Gerente de KPMG Colombia.
Entre las acciones prioritarias para este cierre de semestre, la firma recomienda identificar a todos los trabajadores y aprendices activos, clasificar correctamente la fase en la que se encuentran los contratos de aprendizaje, revisar la base de liquidación de prestaciones, actualizar las parametrizaciones de nómina, validar provisiones contables y documentar los criterios utilizados para el cálculo de la prima.
Asimismo, de cara a la jornada de 42 horas, las empresas deben revisar sus esquemas de turnos, reglamentos internos, acuerdos de jornada, distribución semanal del tiempo de trabajo, planeación de horas extra y recargos, especialmente en sectores con operación continua, atención extendida, producción por turnos o alta demanda de personal operativo.
El ajuste también requiere una coordinación estrecha entre las áreas de talento humano, legal, financiera, contable, operaciones y nómina. En la práctica, una decisión sobre distribución de jornada puede impactar la planeación de costos, la productividad, los reportes internos, la relación con trabajadores y la capacidad de responder ante eventuales requerimientos de autoridades laborales.
KPMG advierte que el incumplimiento en el pago oportuno o completo de prestaciones sociales puede derivar en reclamaciones laborales, contingencias por mora y eventuales sanciones administrativas. Por ello, el cierre de junio debe asumirse como una oportunidad para anticipar riesgos y no únicamente como una fecha límite de pago.
La coyuntura laboral de 2026 confirma que las empresas necesitan pasar de una lógica de cumplimiento transaccional a una visión preventiva, integrada y basada en riesgos. En un entorno regulatorio más exigente, la capacidad de calcular correctamente, documentar decisiones y adaptar los procesos internos será clave para proteger la continuidad operativa y la confianza empresarial.
Más que un trámite de mitad de año, el pago de la prima y la implementación de la jornada de 42 horas marcan una nueva etapa para la gestión laboral en Colombia. Para las compañías, el reto no está solo en cumplir con las fechas, sino en demostrar que sus sistemas, equipos y procesos están preparados para operar bajo las nuevas reglas del mercado laboral.
