Colombia se prepara para una de las reformas más importantes en materia aduanera de la última década. El Proyecto de Ley 312 de 2025, radicado ante el Senado el 30 de octubre, busca actualizar el régimen sancionatorio aduanero con nuevas reglas de control, trazabilidad y gestión de riesgos. Aunque la iniciativa incorpora herramientas tecnológicas y mecanismos de transparencia, su discusión ya despierta inquietud en el sector empresarial y legal por el impacto que podría tener en la seguridad jurídica y la competitividad del comercio exterior.
De acuerdo con un análisis de los expertos de KPMG Colombia, el proyecto representa avances técnicos valiosos (como la adopción de inteligencia artificial y la interoperabilidad de sistemas), pero también introduce riesgos regulatorios que podrían generar incertidumbre y litigiosidad si no se corrigen durante el debate legislativo.
“La reforma introduce innovaciones necesarias, pero aún carece de un equilibrio claro entre el control aduanero y la garantía de derechos para los operadores”, explicó Sebastián Mendivelso, Gerente de Global Customs & Excise en KPMG Colombia , “Si no se definen mejor las conductas sancionables y los mecanismos de defensa, podrían mantenerse los escenarios de inseguridad jurídica que la Corte Constitucional ya había advertido”.
El análisis elaborado por la firma señala que el proyecto se alinea con los estándares de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), al promover el uso de inteligencia artificial y big data para fortalecer la gestión de riesgos y detectar operaciones sospechosas. También resalta la digitalización e interoperabilidad de los sistemas, que permitirá mayor trazabilidad documental y transparencia, así como la apertura de espacios de diálogo con gremios y operadores, un avance hacia una regulación más consensuada y ajustada a la realidad del comercio internacional.
No obstante, los expertos advierten que el texto aún presenta zonas grises en la definición de infracciones y otorga amplias facultades sancionatorias a la DIAN, sin fortalecer de forma proporcional los mecanismos de defensa. A ello se suma el riesgo de mayores cargas administrativas para las pymes, que podrían ver comprometida su competitividad frente a los nuevos requerimientos de reporte y trazabilidad.
El debate se da pocos meses después de la Sentencia C-072 de 2025 de la Corte Constitucional, que reiteró la obligación del Estado de garantizar el debido proceso, la proporcionalidad y la seguridad jurídica en materia sancionatoria. Para KPMG, el texto actual no corrige plenamente las deficiencias señaladas por la Corte, lo que podría derivar en mayores controversias administrativas y nuevos retos legales para la autoridad tributaria. Por ello, la firma considera fundamental que el Congreso incorpore ajustes técnicos que aseguren una regulación moderna, clara y alineada con las mejores prácticas internacionales.
El Proyecto de Ley 312 representa una oportunidad para modernizar el modelo aduanero colombiano, siempre que su enfoque tecnológico vaya de la mano de garantías sólidas para los operadores. “Colombia puede aprovechar esta reforma para construir un sistema más transparente, digital y predecible añadió Mendivelso, pero debe hacerlo sin sacrificar la seguridad jurídica que permite atraer inversión y fortalecer la confianza en el comercio exterior.”